Tras muchos esfuerzos diplomáticos y legislativos, España logró el año pasado que el Gobierno de Estados Unidos la sacase de su famosa lista negra de la piratería (La lista 301). En ella figuran los países del mundo con menos control respecto a la copia ilegal de contenidos. Países como China, México o Rusia no fallan. Y a falta de la publicación del informe definitivo (el próximo abril), todo apunta a que este año España volverá a figurar como uno de los países más permisivos con la piratería.
La Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA) es un conglomerado estadounidense de creadores con una influencia sobre el Gobierno abrumadora. Representan aproximadamente el 7% del PIB de EE UU y su opinión se tiene seriamente en cuenta. Acaban de recomendar al departamento de comercio norteamericano que España vuelva a estar en la temida (por sus nocivos efectos comerciales) lista. “Contrariamente a las expectativas que rodearon la implementación de la ley Sinde, que condujo a España a la salida de la lista, no mostró desarrollos positivos en 2012”, critica.
A menos que haya una reacción diplomática de urgencia del Gobierno, parece difícil que España se libre del San Benito. Precisamente, la semana pasada, el presidente de Motion Picture Association (el poderoso lobby de la industria del cine estadounidense), Christopher Dodd, a petición propia, se entrevistó en Madrid con Mariano Rajoy bastante alarmado por este asunto.
“No sorprende. El optimismo de hace un año al ver que se aprobaba la ley Sinde y se ponía en marcha se ha reducido. Los resultados están tardando en llegar. Pero ojalá no se materialice la amenaza. Estar en esa lista vergonzante sería una muy mala noticia para España”, explica José Manuel Tourné, director de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, la asociación homóloga a la IIPA.
En 2012, por primera vez en cinco años, EE UU no incluyó a España entre los peores países en cuestión de piratería (estaban al frente China, Rusia y Canadá, y los dos primeros registraban índices superiores al 90% del mercado). Pero parece que no se fiaban demasiado, porque la mantuvieron en su llamada “lista de vigilancia”. La lista 301 no es solo una cuestión de imagen. Cuando un país permanece mucho tiempo en ella (como empezaría a ser el caso de España si regresa a ella), el departamento comercial de EE UU se reserva el derecho a imponer sanciones comerciales.
“Para decepción de la IIPA, miembros de nuestra comisión han determinado que los procedimientos de la ley Sinde han sido muy lentos respecto a las quejas de los propietarios de los derechos de autor. Hasta la fecha, solo dos sitios web han sido cerrados en respuesta a las quejas remitidas a la Comisión de la Propiedad Intelectual”, reza el informe. Así mismo, la IIPA urge al Gobierno de España a tomar medidas para reforzar la ley y a iniciar una campaña nacional que incorpore más recursos, aplicar toda la fuerza para acelerar las resoluciones o, si es necesario, seguir con las reformas legales.
Todo ello en la tercera semana consecutiva en que España lidera el tráfico mundial de Mega, la nueva página creada por Kim Dotcom después de su encarcelamiento y puesta en libertad hace un año. “España ama a Mega y Mega ama a España”, twiteó el exhacker alemán, a quien el FBI acusa de “megaconspiración” y “piratería informática”.
“Falta que el Gobierno de EE UU valore esa petición y vea lo que quiere hacer. Pero si atiendes a los hechos, es evidente que nada ha mejorado. El año pasado nos sacaron de la lista porque se aprobó la ley Sinde. Pero la comisión no ha tenido ningún efecto, y lo reconocía el propio Secretario de Estado, José María Lassalle. Hay una actitud mejor, pero hay sectores en el Gobierno que no piensan lo mismo. Existe una oposición clara en el ministerio de Industria que no es la más favorable”, señala Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, la patronal de las discográficas en España. “Igual al que pueden poner en la lista negra es a algún ministro”, añade con sorna.
El informe de la IIPA es demoledor. Pide que se retire la famosa circular de 2006 del Fiscal General en la que se despenalizaba el intercambio de archivos (P2P) y solicita también que los poseedores de derechos de autor que se vean perjudicados puedan acudir a los tribunales por vía penal y civil para defenderse. Incluso ataca a las discotecas y clubes. Esos lugares de ocio “están muy cómodos usando música de fuentes ilegales o sin las licencias correspondientes”.
Por Daniel Verdú, de «El País«.
